La revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019 ha planteado profundos cuestionamientos al modelo neoliberal de organización política y económica de Chile, heredado del régimen dictatorial, y sustentado sobre la Constitución de 1980. Por otra parte, las condiciones pactadas con las Fuerzas Armadas y de orden – principales responsables de los crímenes en la Dictadura- dieron pie a una compleja relación con el poder civil, el cual brindó garantías para que instituciones castrenses y policiales hayan permanecido inalteradas en relación con los intentos de avances democratizadores.

La impunidad sobre los crímenes de la dictadura y la aplicación de justicia “en la medida de lo posible” también son elementos que condicionan el comportamiento de las FFAA y, en particular, de la institución de Carabineros de Chile. La falta de justicia respecto a estos crímenes en dictadura, pero también frente a los cometidos en democracia, incluso con casos de desaparición forzada, cubren la historia reciente de Carabineros con un manto de impunidad, complicidad, encubrimiento, corrupción y secretismo frente a graves violaciones a los derechos humanos, consagrando así la permisividad con el abuso de su poder y autoridad como una práctica institucionalizada.

En las últimas semanas, una vez más Carabineros quedó en el centro de la discusión pública luego de que uno de sus funcionarios empujara a un joven de 16 años al lecho del río Mapocho desde el puente Pío Nono, en el marco de las manifestaciones en la Plaza de la Dignidad. Esto reabrió el debate sobre la necesidad de reformar Carabineros, exigiendo desde diversas voces la salida del General Director, Mario Rozas, del mando. La solicitud de la salida hacia Rozas, sin duda, tiene un carácter político, en el sentido de que es la autoridad máxima de la institución y por lo tanto, responsable político de un patrón de comportamiento evidenciado desde el estallido social de octubre de 2019.

En esa línea, el parlamento también ha ingresado una acusación constitucional contra el Ministro del Interior, Víctor Pérez en su calidad de responsable civil de estas fuerzas policiales. Sin embargo, cabe preguntarse ¿Cambiará realmente el comportamiento de Carabineros en sus operaciones de orden público por la salida de un ministro o un general?

La ley orgánica de Carabineros (Ley 18961) fue promulgada el 27 de febrero de 1990, en los últimos días de la dictadura de Pinochet. En ella se plasma el carácter de policía militar, los escalafones separados de oficiales y suboficiales, y la jerarquía de mando, grados, y nombramientos de la institución. Además de ser una ley que no se ajusta a estándares contemporáneos, se observan en ella prácticas que tienen que ver con la “Doctrina de Seguridad Nacional”, la misma que sentó las bases de la justificación que ocupó la Junta Militar para dar un golpe de Estado contra el Gobierno de Allende, invocando la necesidad de proteger al país de un “enemigo interno” de influencia marxista, que amenazaba la seguridad nacional, en el contexto de la Guerra Fría. Hoy su vigencia radica en la señalización de otros enemigos internos fundamentada en la lucha contra el terrorismo.

Esto explica, en gran medida, la diferencia del trato cuando se trata de controlar el orden público en manifestaciones organizadas por movimientos de distinto carácter político, como por ejemplo, la manifestación de TENS del área salud (25/09/2020) que fueron inmediata y violentamente dispersados, versus el trato completamente pasivo hacia los camioneros (27/08/2020), en el contexto del paro convocado por uno de sus gremios, que también interrumpió el tránsito y amenazó con desabastecer parte del país en plena pandemia. Así también en cómo se ha arremetido duramente contra manifestantes en la Plaza de la Dignidad, versus la pasividad mostrada frente a marchas del “Rechazo” a una nueva constitución, en las que, incluso en algunos casos sus manifestantes han golpeado y amenazado a civiles que transitaban por el lugar.

Esto no puede suponerse exclusivamente como una indicación de Gobierno, sino que reside profundamente en la doctrina y en el modo de concebir la sociedad desde la institución; los comportamientos y valores considerados como decentes o deseables; el orden, y aquello que está fuera de dicho paradigma, que se percibe como la amenaza, como lo indeseable, como el enemigo de la sociedad y la patria.

 

Remover generales, destituir ministros, o aplicar reformas sectoriales no cambiará un comportamiento policial que es reflejo fiel de su doctrina. La separación de escalafones, la excesiva autonomía, la cultura del secretismo y la complicidad organizada ante la comisión de faltas o delitos, el encubrimiento y el falseamiento de pruebas, y la falta de protección y resguardo de derechos de los propios funcionarios al interior de la institución, como la imposibilidad -en la práctica- de denunciar a sus superiores, lesionan no sólo su sentido y comportamiento público, sino también su propia legitimidad, a sus integrantes, y en definitiva, profundiza una crisis que ya no es sostenible ni para la sociedad, ni para la propia institución.

Carabineros podría ver en esta crisis la oportunidad para reconstruirse como una nueva policía con legitimidad, con mejores prácticas internas y externas, y a la altura de los estándares democráticos que la sociedad le demanda. El país requiere una profunda refundación de nuestra principal policía; que valore y comprenda que la participación social y política no sólo es permitida, sino que es fundamento de un Estado de derecho.

Atender esta dimensión implica, por una parte, la reformulación del rol político y social de la institución y de sus funcionarios, quienes deberían abocarse a garantizar la seguridad no sólo en el sentido del control del orden, sino también de contribución al ejercicio de derechos civiles desde la garantía irrestricta de los derechos fundamentales. Por otro lado, se hace imperativo una transformación de los fundamentos valóricos y doctrinarios internos, que terminen con el clasismo, la cultura del secretismo y el encubrimiento, así como la idea de un “deber ser” que se escapa de sus propias atribuciones y misión pública. Para esto, se debe aperturar la institución hacia un proceso de democratización que esté acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. La rotación de generales que comparten una misma doctrina no entregará ninguna garantía de cambio, si no es acompañada de modificaciones concretas en términos de formación, protocolos, jerarquías, escalafón único, financiamiento, transparencia y por, sobre todo, subordinación al poder civil, con organismos de supervisión y fiscalización interna y externa; y rendición de cuentas de su acción como cualquier otro organismo público.

 

Cinthia Vargas Leiva – Juan René Maureira M.

Programa de Investigación en Memoria, Historia y Derechos Humanos de laUniversidad de Chile

 

 

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